Inquilinos Testifican Ante Consejo De La Ciudad

Índice de artículos
Inquilinos Testifican Ante Consejo De La Ciudad
Aviso a Los Medios
Contacte a los Concejales
Todas las páginas

 

 

Aprueben la Ley de Acceso a la Justicia para Inquilinos de 2009 (B18-104)
RESUMEN BREVE

La ley de Acceso a la Justicia para Inquilinos de 2009 (B18-104) busca corregir una desigualdad fundamental en la relación entre inquilinos y dueños de edificios, la cual agobia a los inquilinos viviendo en condiciones malas o peligrosas. Este proyecto de ley actualmente esta pendiente en el Consejo de la Ciudad.  

El sistema actual de aplicación es inadecuado e ineficaz.  

•    El Departamento de Asuntos Regulatorios y del Consumidor (DCRA) ha iniciado 843 quejas contra dueños de edificios entre los años 2004 y 2008.  Casi la mitad de ellos fueron sobreseídos antes de llegar a un veredicto.  

•    Además, la experiencia de inquilinos es que la aplicación de ley es muy poco frecuente.  En los casos donde la agencia encuentra violaciones, casi nunca re-inspeccionan puntualmente ni persiguen remedios.

•    Entre los años 2004 y 2008, jueces ordenaron $572,000 de multas, pero la agencia DCRA solo ha cobrado $112,000, o menos de 20% del total.

•    Incluso el caso legal reciente de la ciudad contra los malos dueños no ha resultado en cambios en el patrón de aplicación. La demanda fue dirigida solamente hacia 13 edificios para la aplicación del código, ignorando una multitud de edificios que también necesitan atención. Además, el juicio no ha señalado ningún cambio fundamental en las prácticas de aplicación en el Distrito.

El Proyecto de ley 18-104 permite a los inquilinos a tomar acción inmediata para mejorar sus condiciones de vivienda y fortalece la habilidad de los inquilinos de hacer responsables a los dueños.

•    Actualmente, cuando un dueño se niega hacer reparaciones, la única respuesta que puede utilizar un inquilino es dejar de pagar su renta.

•    Esta estrategia es riesgosa y pone a los inquilinos en riesgo inmediato e innecesario de desalojo.

•    Los inquilinos no tienen una manera eficaz y afirmativa para tomar acción legal contra el dueño de su edificio para obtener reparaciones.

•    Iniciar una demanda en la Corte Civil es costoso y lento. Cuesta mas de $120 para iniciar un caso, a cambio de $15 que cuesta iniciar un caso en la Corte de Dueños e Inquilinos. Además, puede durar un año o mas para llegar al juicio, a cambio de unas semanas en la Corte de Dueños e Inquilinos

•    El proceso administrativo de una Petición de Inquilinos también es ineficaz para este propósito, porque los jueces en la Oficina de Audiencias Administrativas no pueden ordenar a los dueños hacer reparaciones.

•    Cuando la ciudad toma acciones legales contra un dueño, no están obligados a notificar a los inquilinos. Como resultado, los inquilinos – quienes podrían ser testigos importantes – no tienen la oportunidad de participar o asegurar que el caso siga adelante.

•    La Ley 18-104 permite a los inquilinos a iniciar casos legales en la Corte de Dueños e Inquilinos. Este cambio proveerá a los inquilinos el mismo recurso rápido y económico para remediar violaciones al código de vivienda que los dueños tienen cuando los inquilinos no pagan su renta.

El Proyecto de Ley B18-104 no sobrecargará el sistema de corte

•    Actualmente, si un dueño se rehúse a hacer arreglos, la solución mas fácil es que el inquilino retiene su renta y espera que el dueño inicia una demanda en la corte de Dueños e Inquilinos.  

•    Hay mucha razón para pensar que, con la legislación, muchos de los casos que iniciarán los inquilinos hubieran terminado en la Corte de Dueño e Inquilino de todas maneras, iniciado por el dueño buscando la renta que no pagaron. 

•    Además, una encuesta general de jurisdicciones semejantes, incluyendo a la ciudad de Baltimore, demuestra que el número de demandas iniciadas por los inquilinos es menos que el numero de casos de desalojo iniciados por los dueños – típicamente menos de 5% de los casos. 

•    Lo que la legislación hará es permitir que los inquilinos tengan acceso a un proceso rápido, económico y relativamente sencillo para obligar a los dueños a hacer arreglos.

•    Así, cuando el litigio es la única manera de asegurar los arreglos, esta legislación permitirá que esto suceda pronto, antes de que los problemas se vuelvan riesgosos a la vida o seguridad del inquilino, y sin que el inquilino pone en riesgo innecesario su hogar de una demanda de desalojo.

•    Ahora, el Tribunal Superior dedica recursos a cerca de 40,000 casos al año presentados por los propietarios, y prácticamente ninguno de los casos presentados por los inquilinos. Este desequilibrio es inaceptable e injusto.